viernes, diciembre 12, 2014

Hacia una cultura de derechos y libertades esenciales

Los hechos acontecidos en Venezuela con su crisis política, la matanza de los estudiantes en México, ambos casos donde se denuncian vulneraciones a las libertades y derechos humanos, nos llevan a preguntarnos como individuos, en un mundo global y comunicado, qué es democracia y cual el rol que juegan las ya mencionadas garantías.

Algunos pensarán que son temas para la sobremesa y que es mejor dejárselo a los políticos-que intenten sacar alguna ventaja en pos de promover una determinada visión de sociedad- o para qué los teóricos tengan algún tema que escribir. Pero lo cierto, que nos atañe, para fortalecer nuestra convivencia social y manejar un estándar moral y ético en el respeto de las garantías esenciales. Es de toda importancia, que se sociabilice esta discusión y se logren respuestas conforme a lo que implica un régimen democrático y que todos los agentes de la sociedad civil y en mayor medida los partidos políticos como grupos humanos que buscan alcanzar el gobierno defiendan y promuevan el ejercicio de los derechos y libertades esenciales, más allá de sus legítimas diferencias en torno a privilegiar ciertos valores o principios.

Clave entender, que estamos inmersos en un Estado de Derecho que surgió como respuesta a los Estados absolutistas. Cuya matriz histórica de esta noción, es la lucha política e ideológica contra un modelo de Estado absolutista que abogaba por un amplio control gubernamental de la vida colectiva . El control absoluto de la vida social sacrificaba los derechos individuales en aras de un supuesto bienestar común muchas veces incompatible con la dignidad de los ciudadanos: el Estado de Derecho es creado como una reacción frente al riesgo del ejercicio despótico del poder político. Es así, que el Estado de Derecho descansa sobre dos pilares fundamentales: la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y el reconocimiento de garantías llamadas derechos y libertades fundamentales. Y si, lo sumamos al concepto de democracia como el gobierno de las mayorías, podemos llegar a concluir que sin Estado de derecho no existe democracia. Constituye un gran triunfo del Estado moderno vigente en la actualidad, que el Estado no crea las libertades y derechos esenciales, sino que sólo las reconoce, y que además la persona humana está por sobre el Estado (concepción instrumental del Estado) y por cierto nunca al revés. Sin embargo, “la batalla” no está ganada de forma completa ya que implica una eterna vigilancia. Y en definitiva, el punto resulta relevante en la agenda de los procesos de transición, normalización y consolidación democráticas.

 La vulneración de las libertades como por ejemplo el de reunión, de prensa afectan a las personas subordinando a los gobernantes- como jefes del Estado- a su arbitrio y viciando la democracia. Y si ello, lo sumamos con una concentración del poder del soberano en las funciones judiciales y legislativas van viciando la democracia y degeneran en totalitarismo de ejercicio. Como podemos apreciar, tanto el Estado de derecho como las libertades individuales no son una estructura legal inmutable. Depende, para su conservación y reforzamiento, de la acción ciudadana. En ello, paradójicamente radica su fortaleza y también su debilidad. Acción ciudadana que puede juzgar continuamente el sistema, llegando al problema de legitimidad; una primera respuesta es su justificación en su legalidad. Sin embargo, la legalidad implica algo más que la concordancia del poder estatal con un orden jurídico vigente. La legalidad sólo puede generar legitimidad si supone ya la legitimidad del orden jurídico. La noción de legitimidad implica que ese orden jurídico sea reconocido como válido y utilizado por los ciudadanos para coordinar sus acciones . Por todo lo anterior, es vital generar una verdadera cultura de los derechos fundamentales siempre ligado a la democracia como forma de gobierno legitimado no sólo en participación en las urnas, sino en su respeto de las garantías ciudadanas encaminadas a limitar el poder del soberano, ya que siempre está la tentación de sobrepasar más allá del poder mandatado, tal como nos advierte Lord Acton: “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.

 Todos los agentes de la sociedad civil y el Estado deben ejercer un rol activo en la promoción los derechos fundamentales, y en su defensa cuando éstos se vulneren. Es vital que todos los partidos políticos más allá de sus legítimas diferencias, promuevan el ejercicio de los derechos esenciales, como reconocimiento a la dignidad inherente a todo ser humano como cimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Como actores que buscan gobernar el país resulta inadmisible justificación alguna por motivos ideológicos o de afinidad política, ni muchos menos atender a criterios de contextualización histórica. La defensa y la promoción de los derechos fundamentales es tarea de todos y no es monopolio exclusivo de ningún sector o partido político Con esa piedra angular creamos una verdadera cultura de derechos y libertades esenciales.